El gobierno de Trump deportó por error a un ciudadano de Maryland a una prisión salvadoreña y alega que no puede repatriarlo
El gobierno estadounidense sostiene que ya no tiene jurisdicción sobre Kilmar Armando Abrego García, deportado por error a El Salvador
El gobierno de Donald Trump deportó por error a un inmigrante salvadoreño hacia una prisión de alta peligrosidad en El Salvador y ahora afirma que no puede hacer nada para repatriarlo.
La deportación se ejecutó a pesar de que el hombre contaba con un estatus migratorio protegido por la ley en Estados Unidos, el cual prohíbe explícitamente su deportación debido al riesgo de persecución en su país de origen.
En un documento presentado este lunes ante una corte federal en Maryland, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reconoció haber deportado por equivocación a Kilmar Armando Abrego García, quien fue enviado a la prisión de máxima seguridad conocida como CECOT, en El Salvador, famosa por sus condiciones extremas.
“El 15 de marzo, pese a que ICE tenía conocimiento de que Kilmar Armando Abrego García contaba con protección contra su deportación a El Salvador, fue enviado a dicho país por un error administrativo”, reconoció el gobierno estadounidense.
Esta declaración se produjo en el contexto de una demanda interpuesta por la familia de Abrego García, la cual solicita a la justicia una orden que impida cualquier pago del gobierno de Estados Unidos al Estado salvadoreño por su detención, además de exigir que se gestione formalmente su repatriación.
El gobierno de Trump argumenta que, dado que Abrego García ya no está bajo custodia en Estados Unidos, ningún tribunal federal tiene competencia para ordenar su liberación o tomar decisiones sobre su situación actual.
Kilmar Abrego García llegó a Estados Unidos alrededor de 2011, tras evadir el control migratorio en la frontera. Se había marchado de El Salvador huyendo de la violencia y se radicó en el estado de Maryland. Según documentos judiciales, escapó del país luego de sufrir acoso, agresiones y amenazas de muerte o secuestro por parte de pandillas que intentaban extorsionarlo.
En 2019, recibió una citación para comparecer en un proceso de deportación, en el que ICE lo acusó de pertenecer a la pandilla salvadoreña MS-13.
No obstante, sus abogados aseguran que no tiene antecedentes penales ni vínculos con grupos criminales. Alegan que la acusación se basa en una detención endeble, en la que fue señalado por la policía prácticamente solo por vestir ropa de los Chicago Bulls mientras buscaba empleo frente a un Home Depot. ICE, por su parte, sostiene que un informante confidencial identificó al hombre como integrante de MS-13.
Durante su proceso de deportación, Abrego García solicitó asilo y protección al amparo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Un juez le concedió una suspensión de deportación y el gobierno no apeló la decisión.
Abrego, residente del estado de Maryland, trabajaba como aprendiz sindicalizado en el área de metalurgia y es padre de una niña de cinco años. Permaneció en el país y cumplió con sus presentaciones obligatorias ante ICE, conforme consta en documentos judiciales. La última cita registrada tuvo lugar en enero.
“En lugar de respetar la suspensión, el gobierno embarcó al señor Abrego García en un avión con destino a El Salvador, al parecer sin ningún sustento legal”, afirmaron sus abogados en la demanda presentada el viernes. “Al llegar, las autoridades salvadoreñas lo recluyeron de inmediato en un centro de tortura, un lugar que, según informes, estaría siendo financiado por el gobierno de Estados Unidos para que sea operado por el régimen salvadoreño. Esta grotesca demostración de poder al margen de la ley representa una afrenta a todo nuestro sistema de justicia y no debe permitirse que continúe”.
The Independent se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca para solicitar comentarios.
El miércoles 12 de marzo, Abrego García fue notificado de que su estatus migratorio había sido modificado. Para el sábado siguiente, ya se encontraba deportado en El Salvador.
El destino fue el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión descrita por organizaciones de derechos humanos como un “Gulag tropical”. Esta es la misma cárcel a la que el gobierno Trump envió previamente a cientos de ciudadanos venezolanos, acusados de pertenecer a la banda criminal conocida como Tren de Aragua. En esos casos, el gobierno utilizó poderes de emergencia previstos en la Ley de Enemigos Extranjeros —una normativa reservada para tiempos de guerra— para expulsar a los hombres sin llevar a cabo un proceso judicial completo.
Varios de los cientos de individuos expulsados este mes, en el marco de la operación, parecen haber sido deportados por tener tatuajes con diseños relativamente comunes, como el logotipo de Air Jordan, una corona, una estrella o incluso un símbolo de concientización sobre el autismo con un arcoíris.
El gobierno ha reconocido que “muchos” de los más de 200 venezolanos enviados a El Salvador no contaban con antecedentes penales.
El jueves, el secretario de Estado, Marco Rubio, admitió que no todos los venezolanos deportados eran necesariamente miembros del grupo criminal Tren de Aragua. Los calificó como un “grupo de personas” cuya presencia no era “productiva para Estados Unidos” y que, según él, eran “susceptibles de deportación” conforme a la ley.
El gobierno de Trump sumó aún más controversia a su política de deportaciones al ejecutar los vuelos del 15 de marzo, a pesar de la existencia de una orden judicial que le ordenaba suspenderlos. La medida se produjo en el contexto de una demanda activa que cuestiona el uso de facultades de deportación propias de tiempos de guerra por parte del Ejecutivo.
El viernes, el gobierno pidió a la Corte Suprema que autorice la reanudación de los vuelos, alegando que el fallo judicial limita de forma injusta los poderes presidenciales sobre temas de seguridad nacional.
Traducción de Leticia Zampedri