Trump se niega a explicar los vuelos de deportación a El Salvador y alega confidencialidad por “secretos de Estado”
Tras una semana de tensiones, las autoridades informan al juez Boasberg que “no se entregará más información”
El gobierno de Donald Trump se negó a responder las preguntas de un juez federal sobre los vuelos de deportación a la prisión en El Salvador y usó la Ley de Enemigos Extranjeros como justificación.
El juez James Boasberg ordenó a los abogados del gobierno que respondieran una serie de preguntas, entre ellas en qué momento despegaron los aviones desde Estados Unidos y cuándo aterrizaron en El Salvador. Su objetivo era determinar si los funcionarios desobedecieron de forma deliberada sus órdenes judiciales, emitidas tanto en audiencias como en documentos oficiales pocas horas antes del aterrizaje, el 15 de marzo.
Durante más de una semana, el juez exigió respuestas y extendió en varias ocasiones los plazos para que el gobierno cumpliera.
Pero en una presentación judicial entregada tarde en la noche del lunes, funcionarios del gobierno de Trump y abogados estatales afirmaron que “no se proporcionará más información” en respuesta a las preguntas del juez. Invocaron el privilegio de secretos de Estado, una figura legal poco común que permite al Poder Ejecutivo bloquear la divulgación de pruebas en tribunales por razones de seguridad nacional.
“El tribunal ya cuenta con todos los elementos necesarios para resolver los asuntos relacionados con el cumplimiento de sus órdenes”, escribieron los funcionarios. “Exigir una mayor intromisión en las decisiones del Poder Ejecutivo implicaría riesgos graves e injustificados para la separación de poderes, especialmente en temas diplomáticos y de seguridad nacional que están fuera de la competencia del tribunal”.
Esta decisión agravó un conflicto cada vez más tenso entre Trump y el Poder Judicial, en un caso que, según advierten expertos legales, podría empujar al país hacia una crisis constitucional.
En la presentación judicial —que incluye declaraciones juradas de la fiscal general Pam Bondi, el secretario de Estado Marco Rubio y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem— se afirma que el presidente posee una autoridad amplia para expulsar a “terroristas designados que participan en una invasión promovida por un Estado y una incursión depredadora contra Estados Unidos”.
Bajo la aplicación que hace Trump de la antigua Ley de Enemigos Extranjeros, “todos los ciudadanos venezolanos de 14 años o más que sean miembros del [Tren de Aragua], se encuentren dentro de Estados Unidos y no cuenten con ciudadanía ni residencia legal permanente, pueden ser detenidos, vigilados, privados de libertad y deportados como enemigos extranjeros”.
Sin embargo, funcionarios del gobierno reconocen que “muchos” de los inmigrantes deportados en esos vuelos no tienen antecedentes penales. El funcionario de ICE, Robert Cerna, sostuvo en documentos judiciales que “la falta de información específica sobre cada individuo en realidad resalta el riesgo que representan” y “demuestra que son terroristas sobre los cuales no tenemos un perfil completo”.
Abogados y familiares de inmigrantes detenidos también afirmaron que sus clientes y seres queridos no tienen ninguna relación con el Tren de Aragua, y que fueron detenidos de forma injusta por portar tatuajes que agentes de ICE identificaron por error como símbolos de pandillas. Según los abogados, varios venezolanos deportados a El Salvador aún tienen audiencias pendientes por sus solicitudes de asilo.
Al ser cuestionado sobre la afirmación del gobierno de que los inmigrantes en esos vuelos pertenecen al Tren de Aragua, el coordinador de seguridad fronteriza del gobierno de Trump, Tom Homan, declaró a la prensa el martes que “se invirtieron cientos y cientos de horas en las investigaciones, ya sea mediante la revisión de antecedentes penales, historial migratorio, análisis de videos encubiertos, testimonios de informantes o declaraciones juradas de otros miembros de la pandilla”.
Homan aseguró que la operación se llevó a cabo de varias formas y que el equipo dedicó una cantidad considerable de tiempo al proceso. “Recibí garantías de los más altos niveles de ICE de que todo se hizo correctamente”, subrayó,
convencido de que todos los pasajeros deportados eran miembros del Tren de Aragua y ciudadanos venezolanos. “Todos”, recalcó.
La presentación del gobierno se entregó después de una audiencia de dos horas en la corte de apelaciones. Allí se discutió el recurso de la administración Trump contra la orden del juez Boasberg, quien había bloqueado temporalmente nuevos vuelos de deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Durante la audiencia, la jueza de apelaciones Patricia Millett recordó que incluso los ciudadanos alemanes detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial pudieron impugnar su detención. Esa oportunidad, subrayó, no se otorgó a los inmigrantes deportados en los vuelos a El Salvador.
“En virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, los nazis recibieron mejor trato”, expresó.
Traducción de Leticia Zampedri